La tarjeta de Diversidad funcional europea

Acabo de enterarme, que en la Unión Europea se está poniendo en marcha un sistema de reconocimiento mutuo de la situación de discapacidad, para facilitar que las personas con discapacidad viajen y se les reconozcan derechos en países de visita, principalmente en los ámbitos de la cultura, el ocio, el deporte y el transporte. En España todavía no hemos puesto en marcha este sistema a nivel interno, por lo que sería conveniente desarrollar una tarjeta estatal, para promover los derechos de las personas con discapacidad y poder adherirnos al proyecto europeo.

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Se quiere facilitar que las personas con discapacidad viajen con dicha tarjeta y les sean aplicables determinadas ventajas asociadas por medio de la que denominan Tarjeta Europea de Discapacidad, a la que por ahora se han adherido, como programa piloto, ocho países: Chipre, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Eslovenia, Bélgica y Rumanía.

España todavía no se ha adherido a dicho sistema europeo, por mucho motivos, pero quizá uno de los más importantes es que nuestro país no tiene todavía una tarjeta de diversidad funcional a nivel estatal, también porque aquellas tarjetas que expiden algunas Comunidades Autónomas, tienen regulaciones y beneficiarios diferentes, por lo que no habiendo homogeneidad interna es difícil pretender acceder a un reconocimiento con otros países. En la actualidad no todas las Comunidades Autónomas tienen tarjeta acreditativa de discapacidad, y en aquellas que la tienen la regulación es distinta, y también lo son los derechos que se otorgan y sus beneficiarios. Las tarjetas en un principio pretendían sustituir el certificado en papel, para tener un formato más cómodo que se pueda llevar como un documento identificativo.

Es necesario recordar que el Tribunal Supremo en noviembre de 2018, por medio de tres sentencias del Pleno, volvió a determinar, como ya lo había hecho en 2006 y 2007, que la situación de diversidad funcional no es asimilable a la incapacidad laboral y que por lo tanto la asimilación de la LGDPD era nula. En muchas Comunidades dicha asimilación ya ha sido eliminada en consonancia con lo establecido por el Alto Tribunal, determinando que los requisitos para ser titular de sus tarjetas son Residir en la comunidad autónoma y tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% por cualquiera de los Centros Base ubicados en el territorio de su Región. Pero otras legislaciones autonómicas no se han actualizado y las páginas web del algunas Comunidades Autónomas continúan afirmando que por medio de la exhibición de la Resolución acreditativa de la Incapacidad Permanente se podrá tener derecho a dicha tarjeta.

Esperemos que España se adiera pronto a este programa...

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